La obligación legal o política, o el interés social de implementar dispositivos de “participación ciudadana” en el campo de la planificación y un ordenamiento territorial compartido, pueden ser considerados como una evolución significativa en todos los países, y en particular en América Latina. La importancia de este progreso podría medirse positivamente si se toma en cuenta el proceso de institucionalización de la co-operación entre actores deseada en el campo del análisis y gestión de los territorios. Códigos municipales, normas, leyes o Planes de ordenamiento territorial local y nacional consideran la participación ciudadana como un principio fundamental o como un instrumento para el desarrollo sostenible. Si bien esto es sumamente positivo, interroga sin embargo la ausencia de claridad en las modalidades de implementación y evaluación de esta participación en los procesos de planificación. Esto contribuye en muchos casos a la puesta en marcha de una participación formal, limitada a las etapas de información-consulta ciudadana.